El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a 4 años de cárcel a Rafael Uribe Henríquez, quien en su condición de Juez Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, fue denunciado por el delito de prevaricato por acción.

El máximo tribunal judicial, también le impuso una multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El caso

A la víctima, Roberto Suárez Ballesteros, en calidad de poseedor material del bien inmueble cuya matrícula inmobiliaria es #040-468233, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, se le adjudicó el 28 de febrero del 2007 por sentencia del proceso de declaración de pertenencia o prescripción adquisitiva de dominio, decisión que fue adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla y confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, sala Civil de Familia, con sentencia de segunda instancia del 30 de marzo del 2009 y quedó ejecutoriada el 13 de diciembre del 2010.

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Sin embargo, en medio de indagaciones preliminares de la Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla por delitos de fraude procesal y falsedad documental, el abogado Orlando Anaya solicitó ante el Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Rafael Uribe Henríquez, una audiencia preliminar reservada de restablecimiento de derechos con fundamentos a esa indagación preliminar de la Fiscalía 36.

El Juez instaló la audiencia preliminar que se desarrolló entre el 22 y 25 de agosto del 2014, donde supuestas víctimas solicitaron el restablecimiento del derecho y se cancelaran las matrículas que estaban  a favor de Roberto Suárez. Así las cosas solicitaron la restitución de los predios.

El juez, en dicha audiencia, ordenó la restitución de seis predios y dejó sin efecto un grupo de resoluciones.

Detalles de la sentencia

Zona Cero conoció detalles de la sentencia contra el juez Rafael Uribe Henríquez.

El Tribunal Superior de Barranquilla, pese a condenarlo, no ordenó su captura.

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"Se colige innecesaria su aprehensión hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia, pues a pesar que en su favor no procede la concesión de ningún beneficio penal, no es menos cierto que, el procesado no ha desarrollado maniobra dilatoria que afecte la pronta y cumplida administración de justicia, mostrando un decoro en cada una de las diligencias llevadas a cabo ante este Tribunal", indicó.

"Asimismo, se tiene que, este ciudadano cuenta con un arraigo consolidado, esto sumado al hecho que no ha sido afectado con medida de aseguramiento de ninguna índole durante el proceso, dado que, la fiscalía en audiencias preliminares concentradas declinó su solicitud; en su favor concurren circunstancias de menor punibilidad -ausencia de  antecedentes penales- y según lo expuesto por la defensa material y técnica en la audiencia del 447 del C.P.P., no se encuentra laborando, desde aproximadamente 3 años, en el cargo por el que hoy es condenado –Juez Trece Penal Municipal de Garantías- Además se compulsara copia de esta sentencia con destino a la Sala Plena del Tribunal Superior de esa ciudad, para que sí lo estima procedente determine sí el condenado se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez, de acuerdo con la ley 270 de 1996, advirtiéndose que el fallo aún no se encuentra en firme", agregó.

"De contera, el procesado nunca se ha negado a comparecer a las instancias judiciales, durante los más de 7 años (transcurridos desde la audiencia de formulación de imputación) que lleva este litigio. Además, es menester señalar que, no se conocen sentencias condenatorias u otros procesos en activo en su contra, pues a pesar que el señor Fiscal en la audiencia de marras adujo la existencia de otros procesos en contra del doctor RAFAEL DE JESÚS URIBE HENRÍQUEZ, no proporcionó detalles específicos sobre estos. Todo lo reseñado da motivos ciertos para concluir de forma razonable que no es necesaria la captura del ahora sentenciado, hasta que non esté en firme la sentencia", añadió.

Envuelto en otro proceso

Sin embargo, el ahora condenado sí tiene otro proceso activo a nivel judicial.

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El juez en mención fue capturado en diciembre del 2020 junto a otro juez y un fiscal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal en otro proceso, tras ser denunciados por la familia Acosta Bendek por presuntos delitos cometidos en el proceso con la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.

En sus decisiones habrían favorecido a la contraparte del proceso, la familia Jaller, sin tener elementos materiales de prueba.

En este caso fueron asegurados con detención domiciliaria, pero posteriormente quedaron libres por vencimientos de términos, pero el proceso continúa.

El juez fue capturado hace 3 años mediante orden judicial por la Policía cuando se encontraba en la ciudad de Santa Marta.  

Respecto a la sentencia, hay que decir que los magistrados que hicieron parte del Tribunal Superior fueron: Luigi José Reyes Núñez, Jorge Eliécer Cabrera Jiménez y Demóstenes Camargo De Ávila.

Reyez Núñez fue el magistrado ponente de la sentencia.

El magistrado Cabrera Jiménez emitió un salvamento de voto parcial.

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